Los negocios offshore de al menos 3 mil 47 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de casi 12 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
La investigación Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
La filtración contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore, cuya identidad típicamente se mantiene oculta bajo las capas de anonimato que ofrecen los paraísos fiscales.
Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.
Aunque tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.
Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos. Esto es de particular interés en naciones como México donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos.
Antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador criticó con severidad en 2016 la aparición de mexicanos en la anterior investigación de ICIJ, los Panama Papers, señalando que la “mafia del poder” ocultaba dinero de las autoridades hacendarias.
“Yo respeto mucho lo del anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales, pero eso no debería de existir (…) debería de establecerse que se conociera el origen del dinero, cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada y es normal, y hay incluso países que viven de eso, eso es inmoral”, dijo en agosto de 2020 durante su conferencia matutina.
En los Pandora Papers aparecen algunos políticos cercanos a López Obrador. En los documentos figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y gente del Partido Verde.
Los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo. Estas declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.
Si voluntariamente los políticos no reportaron sus sociedades offshore, el gobierno federal tampoco tiene otros mecanismos de vigilancia fiscal para conocer con precisión quiénes participan en empresas en paraísos fiscales y con qué fin.
“En los sistemas institucionales no se encuentra un apartado que permita identificar a los contribuyentes que utilizan entidades offshore”, respondió el SAT a una solicitud de información.
La nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, esta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.