Por Simón Benítez Hoil.
En Quintana Roo, la esperanza de un poder legislativo independiente y crítico ha sido una ilusión constante durante 17 legislaturas. Lejos de ser un contrapeso efectivo al ejecutivo, los diputados locales han actuado, en su mayoría, como simples comparsas que aprueban sin chistar todo lo que les es ordenado desde el despacho del gobernador (a) en turno. Para colmo, tenemos un poder legislativo estatal costoso, opaco y sobre todo ineficiente, destacándose negativamente a nivel nacional como el más caro y menos productivo de todo el país.
Las últimas dos legislaturas, XVI y XVII, con mayoría morenista y sus aliados del Verde y PT, prometían un cambio basado en los principios que enarbola la autodenominada cuarta transformación de honestidad, de “austeridad republicana y pobreza franciscana”, además de sus propuestas dogmáticas de No Robar, No Mentir y No Traicionar. Sin embargo, estas promesas no han sido más que una absoluta farsa. Los diputados y diputadas han demostrado ser, con pocas excepciones honrosas, representantes del poder y no del pueblo, interesados únicamente en el desarrollo de su agenda personal. Su desempeño ha sido contrario a lo que debería ser su labor fundamental: legislar en beneficio de la ciudadanía.
El último paquete de iniciativas enviadas por el ejecutivo y aprobadas sin el análisis adecuado es una prueba contundente de esta sumisión. Estas leyes, claramente perjudiciales para la ciudadanía, fueron aprobadas sin resistencia, exactamente igual que como lo hacían “los de antes”, evidenciando que los diputados locales continúan sin servir al pueblo, sino a sus superiores y sus intereses. La frase “lo que ordene su señoría” parece ser la consigna interna de este cuerpo legislativo.
En resumen, el poder legislativo de Quintana Roo se ha convertido en una burla a la democracia y a la representación popular. Es urgente que la ciudadanía exija un cambio real, que los diputados recuerden su verdadero papel y que el poder legislativo actúe con independencia y transparencia, en beneficio de quienes los eligieron y no de los intereses del ejecutivo.