París.- El Gobierno francés acelera la adopción del certificado sanitario para entrar en la mayor parte de los lugares públicos frente al repunte de la pandemia y este miércoles inició los trámites de urgencia para su adopción en la Asamblea Nacional.
“El virus no se toma vacaciones”, advirtió el ministro de Sanidad, Olivier Véran, ante los diputados, para salir al paso de las críticas de la oposición que le acusan de impedir un debate parlamentario más sosegado sobre la cuestión.
El proyecto de ley, que debe implementar las medidas anunciadas hace una semana por el presidente, Emmanuel Macron, incluida la obligación de la vacunación para sanitarios y quienes trabajen con personas vulnerables, debe ser aprobado antes de medianoche gracias a la gran mayoría de su partido en la cámara baja y pasar este jueves al Senado.
En lo esencial, la ley incluye medidas que persiguen fomentar la vacuna, frente al desafío de numerosos franceses que rechazan las inyecciones, al tiempo que establece la obligatoriedad del aislamiento para los casos positivos.
Para combatir los focos de antivacunas, Macron anunció que la generalización del certificado sanitario, que indica que una persona está inmunizada o tiene un test negativo de covid, para acceder a buena parte de los lugares públicos y medios de transporte.
En un primer momento, será solicitado a la entrada de todos los lugares de ocio y cultura con más de 50 personas y, posteriormente, en una fecha todavía sin definir, también deberá tenerse para entrar en restaurantes, bares y transportes de larga distancia.
De esta forma, en pleno inicio del periodo vacacional estival, el Ejecutivo cuenta con que esa obligación incite a los más recalcitrantes a pasar por alguno de los centros de vacunación.
50 MILLONES DE VACUNADOS EN AGOSTO
El anuncio de Macron ya reactivó la campaña y el primer ministro, Jean Castex, indicó que se han fijado un nuevo objetivo, más ambicioso: tener 50 millones de inmunizados antes de finales de agosto.
“Mientras estamos debatiendo el virus sigue actuando”, advirtió Véran, que recordó que la incidencia de la variante Delta del virus está provocando una nueva explosión de contagios, que se han doblado en una semana y que en las últimas 24 horas alcanzan los 21.000.
Si no se hace nada, dijo, a finales de verano habrá un pico pandémico y los centros hospitalarios, que en la última semana han visto incrementarse los ingresos un 37 %, volverán a estar en tensión.
El ministro esgrimió ese repunte de la pandemia para justificar la urgencia con la que el Gobierno quiere adoptar esta ley que, a su juicio, recoge el buen equilibrio entre el combate de la pandemia y la recuperación de la vida social.
LA ALTERNATIVA ES EL CONFINAMIENTO
“Sin esta ley solo hay dos alternativas, o dejar que el virus vuelva a escaparse o confinar a la población”, aseguró el responsable de Sanidad, que negó que la ley sea liberticida, como sostienen sus detractores.
Frente a las dudas que genera en muchos ciudadanos la vacuna, Véran aseguró que el 96 % de los nuevos contagiados contabilizados ayer martes no estaban inmunizados, lo que, en su opinión, avala su eficacia.
La oposición en pleno le reprochó la velocidad con la que pretende sacar adelante una ley tan importante, que a juicio de la mayor parte de los partidos hubiera precisado de un debate más calmado en la Asamblea.
La Comisión de Leyes acabó sus trabajos preparatorios en la madrugada de este miércoles y todavía quedan pendientes un millar de enmiendas que pueden llevar a los diputados a pasar otra noche en el hemiciclo.
Es el último intento de algunos partidos, sobre todo la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon y la extrema derecha de Marine Le Pen, por bloquear el dispositivo, que tiene garantizada su aprobación por la mayoría absoluta del partido macronista.
Varios diputados de la oposición acusaron a Macron de tomar medidas sin control y recordaron que en el pasado se pronunció en contra de la obligación de vacunarse y de la generalización del certificado sanitario que ahora quiere imponer.
Véran recordó que el 40 % de los sanitarios que todavía no están vacunados tendrán hasta el 15 de septiembre para completar la pauta.
El ministro reiteró que el Gobierno no se detendrá frente a las manifestaciones de los “antivacunas”, ni las amenazas de muerte que han sufrido algunos diputados y aseguró que llevarán a cabo un trabajo de convicción de la población “frente al oscurantismo”.
En paralelo, varios departamentos han comenzado a imponer restricciones, como en Pirineos Orientales, fronterizo con la región española de Cataluña, donde las mascarillas son de nuevo obligatorias en la calle y bares y restaurantes deben cerrar a las 23.00 horas.
EFE/Luis Miguel Pascual