Ciudad de México.- Organizaciones civiles nacionales, internacionales y de la Península de Yucatán colocaron en el Paseo de la Reforma una placa que advierte los impactos que el megaproyecto Tren Maya, según ellos, causa en esa zona del país, donde comenzará a operar a finales de 2023.
En un comunicado, añadieron que las autoridades administrativas y judiciales incumplen con su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y evitar la violación de derechos.
La placa señala: “Aquí dejamos constancia de que en nombre del ‘desarrollo’ y el ‘progreso’ fue construido el ‘Tren Maya’ desalojando personas, extinguiendo especies, devastando la selva y amenazando ecosistemas. Solo ustedes, en el futuro, podrán decir si valió la pena…”.
Las organizaciones convocantes, Racismo Mx, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Cenotes Urbanos, Greenpeace, Kanan Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Red de Resistencia y Rebeldía Jo’ mencionaron que este proyecto fue impuesto de manera totalmente irregular.
En este sentido, añadieron que el proceso de supuesta “consulta indígena” de 2019 no cumplió con todos los estándares internacionales en la materia, de acuerdo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que carecía de estudios de impacto ambiental que detallaran los impactos negativos y positivos del proyecto.
Esos impactos, abundó el texto, eran indispensables para pedir el consentimiento de los pueblos originarios
Hasta ahora no ha sido realizado un estudio íntegro de impactos acumulativos y sinérgicos en el medio ambiente, sociedad y economía, sino que se han hecho evaluaciones fragmentadas en “tramos”.
Asimismo, el proyecto ha tenido un sinfín de modificaciones desconocidas con claridad, también ha destruido viviendas de cientos de familias en Campeche y Yucatán y destruído hectáreas de selvas de la región, entre otras afectaciones.
Consideró que por todo esto, el proyecto insignia del gobierno federal, “Tren Maya”, ha sido objeto de críticas por parte de asociaciones civiles, pueblos originarios, activistas y academia, quienes en reiteradas ocasiones han advertido las diversas irregularidades y violaciones a derechos humanos en el marco del proyecto.
Los inconformes añadieron que entre los datos totalmente ignorados por las autoridades, están los proporcionados por el representante de Jaguar Wildlife Center A.C. Raúl Padilla Borja, y el del Círculo Espeleológico del Mayab A.C., Roberto Rojo, quienes desde 2010 realizaron un registro de fauna silvestre en el Ejido de Playa del Carmen.
De acuerdo con dicho registro se observaron tres especies de peces, 17 de anfibios, 93 de aves, 59 de reptiles y 50 de mamíferos, de los cuales 20 están en peligro de extinción; 17 están amenazadas y 27 están bajo protección especial, de acuerdo con la NOM-SEMARNAT-059-2010.
Esto es relevante dada la importancia biológica que tienen dichas especies y debido a la conectividad existente con el Corredor Biológico Yum Balam-Sian Ka’an, fundamental para la supervivencia del jaguar (Panthera onca), una de las especies más emblemáticas y amenazadas de México.
Según el comunicado, el Tren Maya ha sido favorecido en todas las instancias del Poder Judicial de la Federación, el cual ha sido totalmente aquiescente y endeble para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos originarios, así como de activistas y personas defensoras de derechos humanos en general.
Agregó que el proceso de unificación de casos en 2021 para que el Juzgado Primero de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral y Administrativa en Yucatán analice todos los juicios de amparo al respecto, fue totalmente arbitrario.
En este sentido, abundó que los estándares que aplican el Juez y las Magistradas para proteger y defender los derechos a través de esta herramienta legal han sido totalmente ineficaces y tendenciosos, según los inconformes, para beneficiar al proyecto y no a las víctimas de violaciones a derechos humanos que ellos atribuyen.
A la par, prosiguió, el Poder Ejecutivo estigmatiza y criminaliza la labor de las asociaciones civiles y personas defensoras frente al proyecto, a costa de polarizar a la sociedad, creando un clima hostil y complejo para el debate público, defensa y promoción de derechos en este contexto.
“Por todas estas razones, las organizaciones presentes hacemos esto como un llamado a la sociedad y autoridades de los tres niveles de gobierno para subrayar que el proyecto ´Tren Maya´ es irregular y violatorio de derechos humanos.
“Es arbitrario, violento y peligroso para personas defensoras, pueblos originarios y el medio ambiente del Sur-Sureste del país; es insuficiente la información que los promoventes proporcionan y no garantiza el acceso a la justicia.
“Exigimos detener estas violaciones y abusos y garantizar la justicia y el respeto de los derechos humanos”, demandaron. Fotos: Teresa Osorio / CCMSS.
Con información de Infoqroo.