Chetumal.- Un grupo de profesores y personal docente se manifestaron en la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) para denunciar fraude en la compra de plazas, contra trabajadores de la dependencia.
El presunto fraude podría ascender al millón de pesos por la venta de plazas en el sector educativo de prefecturas, intendencia, docencia y administrativas.
Los afectados, aseguran que son aproximadamente 300 los que fueron timados con la supuesta compra venta de los espacios laborales por parte de Elvia Minerva Ruiz Xool, que es funcionaria de la Subsecretaría de Educación Básica y Yuriko Pamplona Ramírez que es personal administrativo de la secundaria “Vicente Guerrero” en el municipio de Solidaridad, aunque también señalan a José Artemio Viera Martín que no tiene relación laboral con la SEQ y que es el presunto artífice de las estafas.
El escándalo y la aparente corrupción que impera en el interior de la dependencia, quedó al descubierto al pasar el tiempo y no recibir la notificación de la asignación de sus nuevos centros de trabajo con la plaza correspondiente e intentar contactar a quienes les solicitaron cantidades que van desde los 10 mil hasta los 50 mil pesos para “asegurar” dichos puestos y recibir a cambio excusas y darles más largas.
Por lo anterior, optaron por presentarse a las oficinas centrales, exigiendo una solución inmediata a este problema y que se proceda en contra de las trabajadoras que han sido acusadas de liderar este supuesto fraude.
Las víctimas fueron atendidos por directivos de la SEQ a quienes les presentaron las evidencias con las que cuentan como videos, pagarés y comprobantes de las transferencias que hicieron a cuentas que estaban a nombre de los hijos de Elvia Minerva Ruiz Xool, además de que mencionaron que hay documentos con firmas electrónicas falsificadas y con base a eso, los instaron a presentar las denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante el área jurídica de la Secretaría de Educación.
Personal de la SEQ los instó a denunciar este presunto fraude ante las instancias correspondientes, a fin de que la dependencia pueda proceder con las sanciones de ley en contra de las presuntas involucradas, que podrían enfrentar desde la destitución de sus cargos hasta la inhabilitación, adicional a las penas de privativa de libertad, multa y pago de la reparación del daño que recibirían en caso de resultar vinculadas a proceso por fraude específico.
Con información de El poder no es para siempre.