Londres.- Los datos, uno de los principales activos en la era de la información, peligran ante la existencia del uso del software Pegasus, de manera que el último pronunciamiento de Amnistía Internacional hacia el Gobierno israelí es que revoque las licencia de exportación que ha concedido a la compañía NSO Group, pues el espionaje es un riesgo que podría llevar a “cometer violaciones de derechos humanos”.
Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes al Gobierno israelí que revoque las licencias de exportación que ha concedido a la compañía NSO Group, debido al riesgo de que su software de espionaje Pegasus pueda ser usado “para cometer violaciones de derechos humanos”.
En un comunicado, la organización pro derechos añade que NSO Group, que niega haber facilitado operaciones de cibervigilancia en varios países, “debe cerrar inmediatamente los sistemas de clientes donde haya claros indicios de mal uso”.
También le pide que publique un informe de Transparencia en base a los derechos humanos, en el que detalle casos de mal uso de sus productos, países a los que van destinados, contratos, y toda la información necesaria para investigar la conexión con posibles violaciones de derechos.
A nivel general, AI exige “una moratoria inmediata de la exportación, venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que haya en pie un marco regulador basado en el respeto a los derechos humanos”.
“Se necesita urgentemente un control sobre la industria de instrumentos de espionaje a fin de evitar más violaciones. Deben tomarse todas las medidas legales para destapar el verdadero alcance y naturaleza de la complicidad de NSO en los abusos de los derechos”, afirmó la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard.
AI sostiene que “la enorme escala de las violaciones perpetradas mediante cibervigilancia secreta ha evidenciado una crisis global de derechos humanos” y demuestra la pobre regulación que rige al sector.
“NSO es solo una de las empresas. Esta es una industria peligrosa que ha operado en los márgenes de la legalidad durante demasiado tiempo y esto no puede continuar”, declaró Callamard.
AI recuerda que los Estados tienen la obligación, al amparo de la legislación sobre derechos humanos internacional, de proteger contra abusos de derechos por parte de terceros, lo que incluye empresas privadas que operan fuera de sus fronteras.
Por su parte, las empresas podrían ser cómplices en esas violaciones si sus productos o negocios las facilitan o si sabían o deberían haber sabido que sus actos propiciarían esos abusos, señala la organización con sede en Londres.
La firma israelí NSO Group rechazó esta semana la investigación periodística que relaciona su software Pegasus con el espionaje a activistas, periodistas o políticos de varios países, y denunció “una campaña despiadada y calumniosa” en su contra.
Según reveló un consorcio de varios medios internacionales, hasta 50.000 números telefónicos podrían haber sido notificados a NSO por parte de Gobiernos de una decena de países (entre ellos México, Marruecos, Arabia Saudí o Hungría) para su posible espionaje a través del programa Pegasus.
La empresa alega que solo vende su servicio a Gobiernos o agencias de seguridad para combatir el terrorismo o el crimen organizado, pero ya fue acusada en el pasado de proporcionar su software espía a países con déficit democrático que lo utilizaron para perseguir a activistas o disidentes políticos.
Con información de EFE