El Parlamento Europeo, con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, pide redoblar la protección de los defensores ambientales y el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional para contener la contaminación del medio ambiente y con ella el cambio climático.
La presión ejercida desde hace años por parte de afectados contra las empresas causantes de delitos ambientales, la acción de los grupos ecologistas y la influencia de la sociedad han llevado a plantear el ecocidio como un delito que ha afectado y sigue afectando a millones de personas en el mundo.
Uno de los casos más conocidos de delitos ambientales que se recuerda ocurrió en 1984, cuando murieron cuatro mil personas tras haber inhalado gases tóxicos en una planta química de la empresa estadounidense Union Carbide en la ciudad de Bophal, India, y ello trajo oscuras consecuencias.
Igualmente, hacia el año de 1998, se rompió una balsa de la mina de Aznalcóllar (en Sevilla, España), propiedad de la empresa sueca Bolidetn, y se contaminaron cuatro mil 600 hectáreas por una riada tóxica que alcanzó hasta el río Guadiamar generando duraderos impactos catastróficos.
De aprobarse esta ley, cuya propuesta incluye una negociación con la Corte Penal Internacional para reconocer al ecocidio como delito dentro del Estatuto de Roma, habría más control de los ecosistemas y la propia naturaleza, y quienes atenten contra ellos serían severamente castigados.
Con información de EFE