Los innumerables paisajes de México se han vuelto difícil de proteger, pues es el segundo país de América Latina más peligroso para defender su bella naturaleza. Sólo en 2020, 18 defensores ambientales fueron asesinados aquí, tres de ellos por buscar resguardar el agua, y en lo que va de 2021 otros tres por motivos similares, con agresiones de agentes del Estado y del narcotráfico.
En ese aciago 2020, en medio de la brutal pandemia, asesinaron en Tecate a Óscar Eyraud Adams, defensor en su comunidad Kumiai de Juntas de Nejí, ante el despojo de pozos de agua provocado por empresas trasnacionales en ese municipio de Baja California, y a su cuñado Daniel Sotelo.
A Isaac Herrera Avilés —defensor de la reserva natural Los Venados, donde se pretendía construir un complejo habitacional, y representante legal de los 13 pueblos en defensa del manantial Chihuahuita— lo mataron en su propia vivienda en el pueblo de Jiutepec, estado de Morelos.
Ya en 2021, le dieron muerte a Jaime Jiménez Ruiz, quien se oponía a la construcción de proyectos hidroeléctricos en Río Verde, Oaxaca; y Luis Domínguez Mendoza, líder de la tribu yaqui, fue ultimado en el centro de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, entidad norteña de Sonora.
Por último, el pasado 18 de junio de 2021, encontraron en el sureste de Vícam, igualmente en Sonora, el cuerpo sin vida de Tomás Rojo Valencia, también líder de la tribu yaqui y portavoz de los pueblos en resistencia durante la construcción y operación del acueducto Independencia en la entidad.
Los defensores ambientales ejecutan una actividad que le corresponde realizar al Estado: proteger los territorios, los bosques y el agua, pero lamentablemente no existe una política integral (ni siquiera de derechos humanos) con la que puedan identificarse los riesgos en que viven estos defensores.