Ciudad de México.- El órgano de transparencia mexicano presentó un recurso constitucional ante el Supremo de México contra el acuerdo del Ejecutivo que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional y que puede blindar la información al respecto.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó este miércoles que, tras un análisis realizado, se advirtió que el acuerdo “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad”.
Esto porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.
Por lo tanto, se concluyó que existe “una posible violación” al artículo 6 de la Constitución mexicana, pues “la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información” y la clasificación de la misma debe realizarse por los sujetos obligados caso por caso, fundando y motivando la determinación y cumpliendo los requisitos de la prueba de daño.
Además, dijo que al precisar que la información “será de seguridad nacional, abre la posibilidad de impugnación, mediante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, de las resoluciones en que se ordene la entrega de la misma información”.
El comisionado del Inai Francisco Javier Acuña aseguró que la decisión de interponer la controversia constitucional es porque “se detectó un riesgo inminente y evidencias en la interpretación directa e indirecta de este acto de autoridad” del Poder Ejecutivo Federal en menoscabo del derecho de acceso a la información pública tutelado por el Inai.
En tanto, la presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que el acuerdo “representa un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida en que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura”.
El comisionado Oscar Guerra dijo que en el acuerdo “se observa una posible afectación a este derecho” respecto de autorizaciones, dictámenes, permisos, licencias, licitaciones públicas y disposición de recursos.
Todos relacionados con los proyectos y obras del Gobierno de México, entre ellos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, que podrían ser considerados como de interés público y seguridad nacional.
El 22 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
Con ese decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su Administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles -el nuevo aeropuerto capitalino- sean frenadas mediante recursos judiciales como los amparos.
El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Inai anunció que estaba analizando si el acuerdo “vulneraba el derecho de acceso a la información”.
El organismo señaló que al calificarse como de seguridad nacional a las obras y proyectos del Gobierno, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal “pueden llegar a reservar” la información relacionada con estos.
En ese sentido, López Obrador defendió la medida y aseguró que solo sirve para “agilizar trámites” y que no se detengan las obras y no para evitar rendición de cuentas.
EFE